La Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo (FVA) presentó su dimisión
durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada el pasado 10 de octubre de manera
presencial en la Casa Auditorio de la Mancomunidad de Abadiño y de manera telemática.
La decisión responde a la grave situación económica que atraviesa la entidad y a la falta
de apoyos financieros para garantizar su sostenibilidad.
La actual Junta Directiva había iniciado su mandato en mayo de 2025, con Mikel García
como presidente, Ibon Muñoz como vicepresidente, Irene Cantabrana en representación
de jueces y juezas, Juanjo de Campos de los clubes, Amaia Andrés de las y los
entrenadores y Alazne Etxebarria de las y los atletas.
Desde su llegada, el nuevo equipo mantuvo una reunión con el anterior presidente, Juanjo
Andérez, para analizar la situación económica heredada. En dicho encuentro se constató
un importante desequilibrio presupuestario en las cuentas de 2025, así como un
progresivo deterioro financiero en los últimos ejercicios. Para tratar de revertirlo, se
adoptaron medidas de contención del gasto, entre ellas la suspensión de
concentraciones de atletas y la renuncia a participar en algunos Campeonatos de
España de Federaciones Autonómicas.
Sin embargo, tras analizar la situación junto al resto de miembros de la Junta, se concluyó
que sería inviable aplicar nuevas medidas en el año 2026 sin afectar gravemente a todos
los colectivos del atletismo vasco. Ante ello, la presidencia mantuvo varias reuniones con
Gorka Iturriaga, director de Deportes del Gobierno Vasco, para trasladar la preocupación
de la FVA, aunque no se obtuvo una respuesta favorable.
De haberse celebrado la asamblea de 2025 en febrero, antes del inicio del proceso
electoral, se habrían podido adoptar medidas para mitigar el abultado déficit de ese año. No
obstante, el problema es de carácter estructural y no se limita únicamente a 2025.
Entre los factores que han motivado la dimisión destacan la falta de incremento en las
subvenciones del Gobierno Vasco y el aumento generalizado de los costes en los
últimos años. Las aportaciones públicas del GV a la FVA se han mantenido estables desde
2013, mientras que el IPC acumulado en Euskadi ha crecido un 23,3% entre 2015 y 2023,
y un 18% entre 2019 y 2023.
A ello se suman el encarecimiento del transporte y del alojamiento para los
campeonatos nacionales, muchos de ellos celebrados en destinos turísticos o insulares, así
como el aumento de los costes salariales del personal de secretaría, que han alcanzado
niveles difíciles de asumir para la federación y que no se han regularizado adecuadamente.
Mantener los actuales costes de personal resulta insostenible para la FVA y para poder
afrontarlos, se han venido reduciendo de manera continua los gastos destinados a las
actividades del atletismo vasco.
